Presidente del Senado Ricardo de los Santos se opone a posponer el nuevo Código Penal: “La justicia necesita estas herramientas”

SANTO DOMINGO, RD.– El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, rechazó postergar la entrada en vigor del Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto, asegurando que la justicia dominicana necesita con urgencia las herramientas contenidas en la nueva normativa para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

De los Santos sostuvo que, ante las sugerencias de detener el proceso para seguir revisando el texto, el Congreso mantiene las puertas abiertas para futuras mejoras de la Ley, pero sin detener su implementación.

«Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que hace el hombre es perfectible. A futuro, cualquier tipo de modificación que se entienda necesaria se podrá hacer, pero no se puede demorar más la entrada del Código Penal. El 3 de agosto debe entrar en vigor y lo que se pueda revisar más adelante, lo haremos», afirmó.

El presidente del Senado puntualizó que la implementación de esta normativa penal es el único instrumento que tendrá la justicia dominicana para frenar y castigar la delincuencia organizada.

“El retraso de este proyecto solo favorecería a la delincuencia y al crimen organizado. Definitivamente, si se busca un país que avance, no se puede dejar a la justicia sin las herramientas para combatir los nuevos tipos penales”, aseguró.

De los Santos explicó que existe una gran diferencia entre la criminalidad que vivía el país en 1811 y la realidad de este año 2026.

«Lo que se busca es precisamente construir una mejor ciudadanía y una justicia que verdaderamente venga a castigar esos nuevos tipos penales establecidos en esta pieza», agregó, reafirmando el compromiso del Senado con la actualización del marco jurídico nacional.

El legislador habló en estos términos al ser abordado por periodistas durante su participación en el “Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe”, organizado por el Tribunal Constitucional a través de la Comisión de Igualdad de Género y el Instituto O’Neill.