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SANTO DOMINGO, RD.– Las críticas contra la gestión de Celso Marranzini al frente del sector eléctrico nacional continúan intensificándose, mientras amplios sectores del empresariado, líderes sociales y ciudadanos reclaman su destitución inmediata ante lo que consideran un deterioro acelerado y sin precedentes del sistema energético del país.

Desde su retorno a la administración del sector, Marranzini ha sido señalado por múltiples actores por presuntas fallas administrativas y técnicas que, según afirman, han afectado directamente la estabilidad eléctrica nacional. Entre los eventos más mencionados se encuentran el apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), el apagón general que impactó a millones de usuarios, el incremento de las pérdidas energéticas, la multiplicación de los apagones, el alza en las facturaciones y el aumento del subsidio estatal destinado a sostener el servicio.

Para representantes del sector privado, la situación es “insostenible”.

“El sistema eléctrico está retrocediendo peligrosamente. Las interrupciones, los altos costos y la falta de soluciones efectivas requieren un cambio urgente en la dirección del sector”, expresó un dirigente empresarial consultado.

De igual manera, miembros de organizaciones sociales aseguraron que las decisiones adoptadas en esta gestión han colocado al sistema eléctrico en una situación que describen como “al borde del colapso”.

“Los apagones se han vuelto más frecuentes, las facturas suben y no vemos un plan claro. La población está pagando las consecuencias”, declaró un representante comunitario.

El creciente malestar también ha generado preocupación sobre el impacto que esta situación podría tener en la imagen del gobierno del presidente Luis Abinader, dado que la electricidad es un pilar esencial para el desarrollo económico, el clima de inversión y la calidad de vida de los hogares.

A pesar de la presión pública, hasta el momento las autoridades no han emitido una postura oficial sobre las demandas que exigen la salida de Marranzini como medida urgente para recuperar la estabilidad del sistema eléctrico.

Los sectores críticos insisten en que la rápida intervención del Gobierno es imprescindible para evitar mayores daños y garantizar un servicio eléctrico confiable y sostenible para la República Dominicana.

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