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Santo Domingo, República Dominicana. –El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa anunció que evalúa interponer una demanda contra el Estado dominicano y, de manera patrimonial, contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, luego de haber sido descargado de manera definitiva en el proceso judicial vinculado al caso Odebrecht.
Díaz Rúa afirmó que su eventual acción legal no persigue fines económicos, sino que busca establecer un precedente institucional.
“Aquí debe existir régimen de consecuencia. La justicia tiene que cambiar”, declaró de manera enfática.
Nueve años de proceso… sin condena
El dirigente político sostuvo que durante casi nueve años enfrentó un proceso judicial que concluyó sin condena en su contra, lo que —a su juicio— abre un debate nacional sobre la responsabilidad del Estado cuando una persona es sometida a largos procesos penales que terminan en descargo definitivo.
La pregunta queda sobre la mesa:
¿Debe haber responsabilidad cuando un proceso dura casi una década y termina sin condena?
El caso Odebrecht marcó uno de los capítulos más controversiales de la justicia dominicana en los últimos años, involucrando a exfuncionarios, empresarios y figuras políticas señaladas por presuntos sobornos y sobrevaluaciones de obras públicas.
Debate sobre la justicia dominicana
Las declaraciones de Díaz Rúa reavivan el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial, el uso de la prisión preventiva, la duración de los procesos y la eventual responsabilidad patrimonial del Estado en casos de descargos definitivos.
Juristas consultados han señalado que la Constitución y las leyes dominicanas contemplan la posibilidad de demandas en responsabilidad patrimonial del Estado por actuaciones indebidas o daños causados por decisiones judiciales, siempre que se pruebe dolo, falta grave o irregularidades procesales.
Sin embargo, otros sectores advierten que el hecho de que un proceso concluya sin condena no implica automáticamente mala fe o responsabilidad penal de los fiscales actuantes.
¿Cambio estructural o ajuste de cuentas?
Mientras algunos interpretan el anuncio como una búsqueda de reivindicación personal tras años de litigio, otros lo ven como un llamado a reformar los mecanismos de persecución penal y garantizar mayor rigor en las investigaciones antes de judicializar casos de alto impacto político.
Lo cierto es que el país vuelve a colocarse frente a un espejo incómodo:
¿Está funcionando correctamente el sistema de justicia o se requieren reformas profundas para evitar procesos interminables sin resultados concluyentes?
La posible demanda podría abrir un precedente histórico en materia de responsabilidad estatal y marcar un antes y un después en la relación entre el Ministerio Público y los procesados en casos de alto perfil.
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