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Por: Inés Aizpún. -Sentimiento generalizado: el tiempo pasa muy rápido en la era covidiana. Quizá porque 2020 pasó suspendido o porque amanecemos y nos acostamos pensando en la pandemia, este primer año del gobierno perremeísta ha sido casi fugaz.

Y nos ha ido bien. Un “buen mal año”, como define el superintendente de Bancos Alejandro Fernández el ejercicio bancario, descripción que puede extenderse a los resultados del gabinete gubernamental.

Ha quedado para 2022 el diálogo fiscal, como ha repetido en varias ocasiones el presidente. Se calientan los motores de la reforma de la ley de Seguridad Social, un tema del que hay que hablar sin presiones y sin prisas porque toca temas estructurales de la población; la salud y las pensiones.

Nadie está ajeno a que lo que se decida en esta reforma le atañe. Los intereses afectados no son solo los de las AFP, como parecen creer los reclamantes del 30%. Es el sistema de salud entero; las ARS, la atención primaria, los seguros privados, los planes de pensiones privados, los laboratorios, el régimen subsidiado… lo que se está revisando. La Ley actual quedó vieja enseguida, como reconocen los mismos que la redactaron.

En aquel momento se prefirió arrancar para revisar y corregir en el camino, algo que no sucedió. Ese es un lujo que no nos podremos permitir en esta ocasión.

Afortunadamente no se oyen todavía voces reeleccionistas, esas que distorsionan tanto los planes, aunque es probable que conforme avancen los meses de este segundo año se dejen sentir. Mientras, el gobierno sigue enfocado en armar un esquema de trabajo volcado en resultados. Y le funciona.

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