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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha suspendido las comunicaciones telefónicas que Ana Julia Quezada, asesina del niño Gabriel Cruz, mantenía con la productora que elabora un documental sobre el crimen, cometido en febrero de 2018.

Instituciones Penitenciarias tomó la medida después de que Patricia Ramírez, la madre del niño asesinado por la entonces pareja de su padre, haya anunciado que va a emprender medidas judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso.

Según denunció Patricia Ramírez, el documental contaba con la participación directa de la asesina, que cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

De acuerdo a una resolución emitida el lunes, las comunicaciones que mantenía Quezada excedían los fundamentos que sostiene el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el articulo 41 del Reglamento Penitenciario que regula los contactos que el recluso puede tener con el exterior.

Julia Quezada, no estaría cumpliendo los requisitos y autorizaciones establecidos en una resolución emitida en 2020, para que periodistas puedan entrevistar reclusos.

Por eso, pese a que el Tribunal Constitucional ya avaló el derecho de los internos de prisiones a hablar con la prensa, Interior decide suspender las comunicaciones telefónicas de la asesina de Gabriel Cruz con una persona concreta, que responde a las iniciales de C.L.W., y que trabaja para una productora de televisión.

La madre de Gabriel asegura que aportó a Instituciones Penitenciarias pruebas de que se estaban realizando entrevistas sin pasar por los cauces oficiales.

Patricia Ramírez intentó en diversas ocasiones denunciar esta situación, poniéndola en conocimiento del Ministerio del Interior y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Ramírez ha instado a la mujer que acabó con la vida de su hijo a que «no vuelva a ponerse delante de un micrófono» para hablar del caso, ya que, de lo contrario, volverá a denunciarla por «lesiones» y un presunto delito «contra la integridad moral».

Hace un año y medio, la madre del niño asesinado supo que Quezada estaba en un módulo de respeto en la cárcel de Ávila y que había pedido un permiso para grabar dentro de la cárcel, de forma que se había concedido la posibilidad de grabarla en audio, pero no en vídeo, en teoría para que pudiese pagarles la responsabilidad civil que aún no ha abonado.

En noviembre de 2023 se enteró de que se estaba grabando un documental dentro de la prisión. Por ello, el 27 de diciembre se reunió con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Vigilancia Penitenciaria.

A ambos les comunicó que había tenido conocimiento de que Quezada disponía de «un teléfono móvil» dentro de la prisión y que estaba intentando grabar un documental con la «complicidad de funcionarios dentro de la cárcel».

El juez de vigilancia penitenciaria responsable del caso denegó a la madre de Gabriel la posibilidad de personarse y recurrir las supuestas «irregularidades» que se estarían dando en la cárcel.

Hace tres años, Patricia Ramírez tuvo que convocar a los medios después de que un «grupo multimedia» visitase Almería para comunicarle que quería hacer un documental con la persona que asesinó a su hijo a propuesta del abogado de Quezada, y le propusieron participar en esta producción.

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