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Santo Domingo. – Como si fueran los dueños del país, los líderes políticos, empresarios y abogados de la República Dominicana pretenden eliminar su pasado, la mala conducta que han tenido y sus hechos corruptos, pagando grandes cantidades de dinero a empresas que están conectadas con Google para que estas se encarguen de borrar su prontuario de todas las redes.

Mediante la contratación empresas de tecnología, principalmente de España, con el objetivo de eliminar los temas que los vinculan de manera directa de periódicos digitales, a través de Google y otros buscadores, , tratando que la sociedad olvide sus escándalos.

En ese orden, los personajes que a continuación mencionaremos, proceden a la práctica de forzar el “derecho al olvido” en diarios digitales, Google, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y otros navegadores, luego de sus intentos fallidos presionando y sobornando a los dueños y directores de medios para que borren las noticias negativas en las que están involucrados o que afectan sus intereses.

Asimismo, las empresas especializadas en el borrado de noticias y otras informaciones en Internet, se encargan de enviar correos electrónicos molestosos a los distintos periódicos digitales, para que borren las noticias que afectan la reputación de sus clientes, alegando que de no ser así los medios se verían incurridos en acciones legales, olvidando que los hechos acontecidos al ser publicados no son pasibles de demandas, y de hacerlo no prosperaran.

Distintos medios han sido víctimas de cyberataques y hackers con la intención de afectar nuestro portal, por varias noticias publicadas, en las cuales se ven involucrados personalidades del ambito político, empresarios, funcionarios del Gobierno y abogados; dichas noticias las mencionaremos a continuación:

Entre los numerosos casos está el escándalo de violencia intrafamiliar que involucra al empresario y exministro de Turismo, Frank Jorge Elías, donde fue sometido a la justicia y condenado por maltrato físico y psicológico en contra de su esposa en ese entonces, la señora Sandra Kurdas.

Asimismo, el detective internacional Ángel Martínez reveló que tenía en su poder un expediente que supuestamente vincula con el lavado de dinero al empresario Pepín Corripio.

Seguimos con la denuncia del empresario canadiense con inversiones millonarias en RD, Antonio Carbone, el cual denunció que había sido extorsionado, chantajeado, secuestrado, robado y manipulado, por una asociación de malhechores encabezada por el abogado Julio Cury, el diputado Gory Moya y el empresario Fernando Báez.

De igual forma, la demanda interpuesta por el empresario Josué Cabral en contra del complejo turístico Grupo Punta Cana y su presidente Frank Rainieri, exigiendo el pago de mil 400 millones de pesos por estafa, daños y perjuicios, ocasionada por la empresa debido al incumplimiento de contrato de permuta tras la venta de los terrenos donde opera hoy el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Asimismo, la noticia donde la empresaria Rosa Altagracia Abel Lora, exesposa del senador del PLD por Montecristi, Heinz Vieluf Cabrera, reveló que los tribunales condenaron a Casa de Campo por estafa y doble venta de su casa ubicada en ese complejo turístico de La Romana, pero que pese a la sentencia seguían presuntamente con acciones ilegales, además denunció que el vicepresidente para asuntos jurídicos de Casa de Campo, Leo Matos García, fue la persona responsable de vender dos veces una misma propiedad, supuestamente en combinación con su expareja Vieluf Cabrera.

También está el escándalo que causó impacto nacional e internacional fue el de la hermana del presidente Danilo, Yomaira Medina, donde un comunicador de los Estados Unidos de apellido Gutiérrez reveló en el 2015 que la diputada Yomaira tenía un romance con el jefe de la Policía nacional de entonces, Peguero Paredes, el cual trajo como consecuencia que la legisladora se ensañara contra el periodista Salvador Holguín, comprando la justicia para lograr condenarlo a 7 millones de pesos.

Y uno de los escándalos más sonados, fue el «QUIRINAZO», revelado por el periodista Salvador Holguín donde entrevistó al exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo y este reveló que el expresidente Leonel Fernández Reyna le adeudaba la suma de 200 millones de pesos los cuales le había prestado para toda su campaña política del 2002 al 2004.

En ese orden, el caso del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, quien luego de revelar en el programa «Lo que otros callan» con el periodista Salvador Holguín el escándalo mayúsculo que había en la OMSA, lo encontraron muerto y atado a dos blocks en el río de Manoguayabo, donde involucró al director de la institución Manuel Rivas, al coronel Faustino Rosario, al empresario Santana Zorrilla y a dos ministros del Gobierno del presidente Danilo Medina, revelado por Argenis Contreras quien era asistente de Rivas.

Finalmente, el escándalo de la Dirección General de Pasaportes y la Cancillería, el cual involucra a la empresa «MidasRed», que se dedica a vender recargas de tarjeta de llamadas y no suplidora del Estado, ya que supuestamente estafó estas instituciones vendiéndoles un data center y software de gestión consular que, según nuestra fuente, no sirve para nada.

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