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Por: Margarita Cedeño. -Una de las ca­racterísticas propias de una demo­cracia parti­cipativa es la capacidad de diálogo entre los actores de la vida nacional. Se trata del encuentro de las fuerzas vi­vas de la Nación, término con el que comúnmente se ha he­cho referencia a los partidos políticos, los gremios, los em­presarios, comerciantes, uni­versidades, estudiantes, pro­fesionales, religiosos y demás partes interesadas sobre la vi­da pública.

Nuestro país ha tenido una trayectoria ascendente en la institucionalización del diá­logo como herramienta pa­ra fortalecer la democracia y formular mejoras para la so­ciedad. Antes, la participa­ción o no de ciertos actores en un proceso de diálogo ge­neraba graves tensiones en la sociedad, incluso impac­tando la economía y la tran­quilidad misma de los ciuda­danos. Hoy en día podemos afirmar que se ha alcanzado una madurez propia de so­ciedades más desarrolladas, lo que constituye un punto esperanzador para el futuro del país.

Cuando observamos el de­venir de otras grandes nacio­nes del mundo, observamos que todas tienen en co­mún su capacidad de llegar a acuerdos sobre los planes nacionales, más allá de pos­turas ideológicas e intereses partidarios. Por encima de to­do se encontraba el deseo de que existiese un Plan Nacio­nal con el que todos los acto­res de la sociedad se pudieran comprometer.

Si observamos la historia re­ciente de la República Domi­nicana, en cada década de los últimos 30 años se han confi­gurado las condiciones nece­sarias para un diálogo produc­tivo y provechoso. Primero, casi al final de los 90, durante el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se convocó el Diálogo Nacional con el propósito de que el país se preparara para el nuevo milenio, que traería consigo problemas complejos que requerían unir voluntades para que el país pudiera salir airoso.

Luego vendría el proceso del 2009, con la Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial, que resultó de la necesidad de enfrentar la grave crisis econó­mica y financiera generada por los efectos de la economía de casino, que resultaron en un panorama económico interna­cional que requirió un plan de nación construido en base al concurso de todos los sectores para sobreponerse a la crisis.

Finalmente, nos queda re­saltar el proceso para concebir la Estrategia Nacional de Desa­rrollo y los diálogos generados para el Pacto por la Educación, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fis­cal. Pero de la década pasada, el paso más importante para fortalecer nuestra capacidad de dialogar fue la promulga­ción de la Ley núm. 142-15 que instituye el Consejo Eco­nómico y Social como órga­no a cargo de hacer realidad la concertación social como ins­trumento para la construcción y el fortalecimiento de la paz, tal y como lo establece el artí­culo 251 de la Constitución do­minicana.

Nuestra capacidad de dia­logar se fortalece en la me­dida en la que el liderazgo nacional la ejerce. Dialogar siempre es positivo, pero el éxito de cualquier proce­so participativo de toma de decisiones es que los resul­tados generen satisfacción y orgullo entre todos los par­ticipantes. Confiamos en que será así.

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