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Por: Alexis Joaquín Castillo

En un Estado amorfo, como el dominicano, cuyos signos no siguen ninguna estructura duradera de carácter institucional, y donde tradicionalmente cada burócrata actúa conforme a su propio epítome, ó en consonancia con su regla o manera de proceder, ignorando y entorpeciendo, casi siempre, los planes y proyectos hallados en la entidad que dirige, no es de dudar que el manejo administrativo del funcionario sea danzante y perturbador. Es por ello qué, desde sus inicios, hemos venido indicando que la impronta histórica de la gestión gubernamental del período 2020-2024, bajo la égida de Luís Abinader, se sitúa en la cúspide inteligente de un ejercicio estatal de mera transición institucional.

Veamos la literalidad conforme a las grafías de lo propuesto por Luis Abinader: ministerio público independiente, clausula pétrea al mecanismo de reelección presidencial, política de alianza publico-privada, La Semanal, reducción de diputados, eliminación de instituciones superfluas, entre otras propuestas. El Estado dominicano moderno, como símbolo de acción colectiva y de comunidad, y bajo la influencia del caleidoscopio ético-administrativo del Estado moderno, sabiamente aleccionado por Max Weber, es una organización política administrativa que, en la actualidad no resiste más degradación ni más investigación sobre la elusión.

El concepto filosófico de lucha contra la corrupción pública-privada, en un gobierno de transición institucional, según la visión del abinaderismo, tiene a la educación como herramienta transversal y pedagógica para enfrentar las podredumbres, en el ejercicio público administrativo, al través de ajustados programas y mecanismo de erudición. Técnicas que le han servido, en los últimos cuatro años, para instruir en la integridad y adiestrar para que todo funcionario, en la administración de la cosa publica, se guíe por vocación y principios éticos. Tan magno esfuerzo por el adecentamiento moral, en el transito hacia lo institucional, ha obligado al gobierno extendido de Luis Abinader a enfatizar en la norma para que el positivismo de las leyes no pierda la esencia de su carácter ni su necesario régimen de consecuencia. Ahora bien en lo personal creo que nadie, absolutamente nadie, en éste gobierno ha interpretado mejor el enfoque de lo ético y lo moral en el frontón de la integridad gubernamental como la directora de ética e integridad gubernamental. Según datos

estadísticos, derivados del sistema de justicia, en el desfalco al Estado ejecutado por un criminal y sofisticado entramado de corrupción estatal. Casos, como Calamar, Antipulpo, Caracol, Coral, Coral5G, Medusa, Falcón, Larva y Operación 13, matizan cómo la corrupción administrativa obtuvo beneficios personales por encima de los setecientos mil millones de pesos, mucho más de la mitad del presupuesto nacional. Solo un viaje presidencial de dos días, hacia los EE.UU., ataviado de una invitación oficial, costó al país trescientos millones de pesos. Ni hablar del caos del sector eléctrico el cual sirvió para sustraer, durante noventa y seis meses de gobierno, todos los días, hasta los días feriados, ciento ochenta millones de pesos. Peor aún el escandaloso y estridente caso de la deuda pública en el que uno solo, de los encartados, devolvió siete mil millones de pesos.

Todo esto hace suponer que el tejido gubernamental está putrefacto y que lo encontrado en el año 2020, solo puede ser transformado con el empeño y el tesón con que el prisma de la doctora Ortiz Bosch ha visualizado el quid del problema: educación y cultura, a todas horas, sobre Ética e Integridad, al personal burocrático administrativo para prevenir la corrupción en el Estado Dominicano; novedosa y legitima creación de un comité de ética en cada institución estatal, con funciones y autoridad para investigar y denunciar; buzón para escuchar, quejas del ciudadano, y sugerir amonestaciones y sanciones; seminarios; talleres; congresos; charlas; estudios comparados sobre ética e integridad en la Región.

En fin, todo para conjeturar que hoy, a diferencia de ayer, el trabajo institucional del órgano rector, en materia de ética y transparencia fulgura como instrumento indispensable para construir el anhelado desarrollo sostenible. En estos días he divisado feroces e injustos ataques contra la titular porque supuestamente se racionaron decenas de millones de pesos en un congreso internacional sobre Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, que contó con la participación de ciento noventa y cinco instituciones del Estado comprometidas con la transparencia e idoneidad en la ejecución del erario. Un hecho histórico, que nos remonta al juicio profético de Fukuyama: “La transparencia es un punto de partida. No se puede luchar contra la corrupción si no sabes lo que esta sucediendo.” De ahí que, sin importar lo invertido, el adiestramiento, al través de un instrumento como la Digeig, no solo es un factor clave sino un desafío hacia la transparencia para el gobierno de Luis Abinader.-

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