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Por: Federico A. Jovine Rijo

A horas del primer boletín de la Junta Central Electoral (JCE), escribo a tientas, sin poder precisar la cantidad de votos obtenidos por los candidatos presidenciales y congresuales de cada partido.

De 1966 a la fecha el país ha celebrado 15 elecciones presidenciales y 5 congresuales y/o municipales, y, a lo largo de todas ellas, existe una constante que se repite: la organización, preparación y ejecución de los comicios muestra cada vez mayores niveles de fortaleza, transparencia y reconocimiento ciudadano.

Al respecto, un análisis retrospectivo permite constatar que en el anecdotario colectivo quedaron relegados aquellos episodios en donde la publicación de los boletines electorales de la JC era lenta, tortuosa y traumática; o las interrupciones del servicio eléctrico eran comunes; los militares merodeaban en torno a los colegios electorales; los padrones se dislocaban; o los votantes encontraban resistencias institucionales al momento de ejercer su voto.

Este proceso histórico ha alimentado un bucle virtuoso que, elección tras elección, ha incorporado mejoras a partir de lecciones aprendidas. Muchas de ellas novedosas, porque preservan y salvaguardan el derecho fundamental del voto a ciudadanos que en el pasado no podían ejercerlo con plenitud; tales como el “voto penitenciario” de los privados de libertad en calidad de preventivos –es decir, en ausencia de una sentencia definitiva o irrevocable que suspenda sus derechos civiles–, que permitió que 4,313 reclusos ejercieran ese derecho por primera vez en el país; el “voto en casa” y el “voto asistido” con mesas auxiliares, que facilitó que adultos mayores, o personas con algún tipo de discapacidad tuvieran a disposición facilidades que les permitieron ejercer su derecho bajo el programa “voto accesible”; la incorporación de la figura del Procurador Especializado contra Crímenes y Delitos Electorales, entre otros.

En sentido general, al cierre, el proceso transcurrió sin incidentes notables, más bien escasos y acaecidos como hechos aislados, y no encuadrados dentro de un patrón de comportamiento dirigido. En definitiva, la ciudadanía votó con seguridad, rápido y en calma.

Cuando la resaca electoral remita, la JCE deberá promover la revisión y actualización del marco jurídico vigente. La ley No. 33-2018 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la No. 20-2023 Orgánica de Régimen Electoral, se muestran insuficientes y ameritan –a la luz de los desafíos que imponen las nuevas tecnologías, redes sociales y “fakes news”, en tanto eventos difusos y asimétricos que generan desconcierto, confusión o temor en el elector–, una actualización y puesta al día; y esto será posible en la medida que incorporemos los aprendizajes de los procesos recientes.

Frente a la pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos en la región, toca reconocer el excelente trabajo realizado por la JCE; la madurez de nuestros partidos políticos; el civismo de la ciudadanía; y, sobre todo, la confianza depositada por todos los actores en un sistema que garantiza la participación y la transparencia; por lo que, aún sin conocer los datos del primer boletín oficial, podemos afirmar que ganó la mejor opción posible: la democracia.

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