Comparte esta noticia con tus contactos

Santo Domingo. – Los bloqueadores de señales que la Procuraduría General de la República (PGR) compró en el 2019 para las cárceles del país, su destino final fue a parar a una villa del exprocurador Jean Alain Rodríguez en La Romana y en la seguridad del expresidente Danilo Medina.

 

Así lo establece el documento acusatorio contra los implicados en el caso Medusa, cuyo principal acusado es Rodríguez, e indica que bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y  bloqueo de señales digitales en las cárceles, el imputado compró drones y equipos de desactivación digital.

 

Asimismo, indica que en total se compraron tres equipos, uno utilizado para uso personal de Rodríguez en su villa de Casa de Campo y los otros para prestárselo al entonces presidente de la República Danilo Medina Sánchez.

 

“Por igual probamos que, bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales, en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización, el acusado Jean Alain Rodríguez ordenó con fondos de la Procuraduría General de la Republica, la compra de drones y equipos de desactivación de señal digital, que fueron utilizados para su uso personal en su villa de Casa de Campo y otros para prestárselos al entonces Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez”, dice el expediente.

 

El expediente acusatorio detalla que hubo una alianza “muy estrecha” entre el exprocurador y el expresidente Medina, a tal grado que este último aprobó el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario con solo una nota, sin estudios que avalaran ese ambicioso proyecto.

 

ACUSACIÓN

 

El Ministerio Público dominicano presentó eL lunes una acusación formal contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.

 

En el expediente de la llamada “Operación Medusa” figuran 41 personas y 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos, dijo a la prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

 

La supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según la acusación.

 

“Hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana y les puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región”, aseguró Camacho.

 

Se trata, agregó, “de nuestra acusación más grande”, que tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas.

 

Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, por cometer crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

 

Por el caso cumplen prisión preventiva el exprocurador Rodríguez y tres exaltos cargos de su gestión, mientras que otros tres están bajo arresto domiciliario.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.