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Santo Domingo.-El nuevo presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader y la coalición de partidos que lidera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que le apoyaron, han prometido a la nación enfrentar todos los actos de corrupción, el despilfarro en el Estado y el cese a la impunidad, y para esto, hallarán materia prima abundante para emprender un trabajo serio de investigación y enjuiciamiento de los casos denunciados con anterioridad.

 

En ese sentido, son muchos sectores del país que están a la espera de que el Gobierno nuevo asuma la administración del Estado el próximo 16 de agosto, ya que las denuncias involucran tanto a funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos peledeistas, como actuales y pasados legisladores del partido oficial y de la oposición, además de altos militares vinculados en enriquecimientos ilícitos y lavado de activos.

 

Asimismo, señalan que las nuevas autoridades del Ministerio Público tendrán “mucha tela por donde cortar” en materia de persecución a delitos en corrupción en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 

Además, indican que por lo menos 78 casos de ilícitos cometido en las administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina han sido denunciados por partidos de oposición, sectores de la sociedad civil y parte de la cúpula empresarial dominicana, en los últimos años.

 

De igual forma, los ilícitos en el gobierno van desde sobornos, asociación de malhechores, cohecho, tráfico de influencia, apropiación, lavado de dinero y activos, desviación de fondos estatales; extorsión, robo, enriquecimiento ilegítimo, prevaricación y otros ilícitos penales

 

También se suman 77 auditorías con indicio penal que fueron enviadas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), para que sean investigadas.

 

El su momento, Licelot Marte de Barrio (fallecida), expresidenta del órgano fiscalizador del Estado, afirmó que la corrupción en el gobierno equivale al 10% del gasto público, unos RD$ 51 mil millones cada año.

 

Esos son recursos que pagan los contribuyentes y que van a parar a los bolsillos de funcionarios y políticos corruptos, sin mayor consecuencia.

 

Se recuerda que en marzo pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe sobre Derechos Humano 2019, en el que alerta sobre los altos niveles de compromisos que tiene el gobierno dominicano, con la corrupción y la impunidad.

 

Los ilícitos en el gobierno van desde sobornos, asociación de malhechores, cohecho, tráfico de influencia, apropiación, lavado de dinero y activos, desviación de fondos estatales; extorsión, robo, enriquecimiento ilegítimo, prevaricación y otros ilícitos penales.

 

El actual presidente de la CCRD, Hugo Álvarez Pérez, subrayó, recientemente, que en la República Dominicana República Dominicana deben adoptarse como norma los tres pilares indispensables de una verdadera democracia: la supremacía de la Constitución y las leyes, la transparencia (en el gasto público) y crear cultura de rendición de cuentas (de los funcionarios).

 

Luis Abinader, quien obtuvo el 52 % de los votos emitidos en las pasadas elecciones presidenciales y congresuales, recibió el apoyo de una población que reclama, además, la recuperación de los bienes dilapidados y el sometimiento a la justicia de los responsables.

 

Las denuncias involucran tanto a funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos peledeistas, como actuales y pasados legisladores del partido oficial y de la oposición, además de altos militares vinculados en enriquecimientos ilícitos y lavado de activos.

 

A los largo de los últimos 16 años, entidades de la sociedad civil vienen denunciado escándalos de corrupción en los gobiernos del PLD, como la supuesta sobrevaluación de los vagones del Metro de Santo Domingo, el soborno en la compra de los ocho aviones Super Tucano; la sobrevaluación de la Presa de Monte Grande, la compra alteradas de los equipos para la Policía Nacional a la empresa SunLand, la sobrevaluación de RD$744 millones en la construcción y reparación de 3,290 aulas escolares en el Ministerio de Educación.

 

También es tarea pendiente de las nuevas autoridades investigar la denuncia de la Federación Dominicana de Comerciante en el sentido de que funcionarios del sector agrícola recibieron más de RD$2 mil millones para otorgar licencias de importación de productos; la entrega grado a grado de la construcción del Parque Central de Santiago por RD$ 450 millones; la compra de 52 Harley Davison por el Ministerio de Interior y Policía y que fueron a parar a mano de particulares.

 

 

Los casos de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina tienen que ver también con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por supuestos sobornos y sobrevaluación de obras; el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vinculado al pago de nominillas y venta irregular de terrenos a particulares; la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), así como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) en la venta ilegal de solares a una empresa privada en el sector Los Tres Brazos , en Santo Domingo Este.

 

Asimismo, la denuncia de corrupción documentada por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) a la supuesta sobrevaluación y entrega grado a grado de obras construidas por el Instituto Nacional de Agua Potable y al Alcantarillado (INAPA), en varias provincias y municipios.

 

Solo en un día, el director de la entidad, Alberto Holguín, adjudicó nuevas obras a una misma compañía por un monto de 392 millones de pesos, este caso aún está pendiente en los tribunales.

 

El caso de la empresa brasileña Odebrecht que ha salpicado a exfuncionarios y legisladores del partido oficial y de otras organizaciones, por el supuesto soborno de 92 millones de dólares. Caso que actualmente se ventila en los tribunales, pero no hay nadie que guarda prisión por ese hecho.

 

El más reciente de los escándalos de corrupción salido a la luz pública en marzo pasado, se trata de una denuncia de irregularidades en la licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos por parte del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), varios funcionarios de la entidad fueron destituidos a través de un decreto. La investigación está en poder del PEPCA.

 

La sociedad reclama de las nuevas autoridades que asumirán en agosto próximo el inicio de una verdadera lucha contra la corrupción y el cese a la impunidad, nombrando a un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo.

 

El informe de índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, presentado por Participación Ciudadana, “sitúa a la República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100 (…)”. Esto evidencia la falta de control y transparencia en el manejo de los recursos públicos de los gobiernos del PLD.

 

Luis Abinader tiene pendiente una promesa de campaña: nombrar a un procurador/a “independiente” para que enfrente los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero proveniente del Estado.

 

Entidades como el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC), Somos Pueblo, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Marcha Verde, Justicia Fiscal y otras entidades, pidieron al gobierno un compromiso serio en la lucha contra la corrupción y cese a la impunidad, pero desde la Procuraduría General no se llegaron a tomar acciones contra esos flagelos.

 

Aunque desde el gobierno se ha impulsado varias medidas para modernizar y transparentar el gasto público, así como la aprobación por parte del Congreso Nacional de leyes, como la normativa contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícito, pero no han sido suficiente para frenar la corrupción desde el gobierno.

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