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Santo Domingo. – En la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez supuestamente se amañaban las licitaciones para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario se amañaban las licitaciones desde antes de que se realizaran los concursos y a las empresas de construcción que resultaban “ganadoras” se les pedía un 20% de peaje del monto total de lo contratado.

 

Así lo denunció el ingeniero civil Antón Casasnovas Nolasco, quien figuró como supervisor de obras de la Procuraduría General de la República y era el encargado de buscar empresas de “confianza” para realizar acuerdos por debajo de la mesa.

 

Mediante un interrogatorio, al que tuvo acceso el programa Nuria Investigación Periodística, Casasnovas Nolasco le reveló a los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, que Rafael Cano y Jonathan Rodríguez, ambos altos funcionarios del Ministerio Público durante la era de Jean Alain, eran los encargados de cobrar los peajes y asignar los lotes.

 

En específico, el ingeniero Casasnovas Nolasco buscó 3 empresas constructoras “de confianza” que fueron Consorcio Remix Rotilla, Marizán Ingeniería y Constructora Pablo Yarull, compañías que en un momento determinado se sintieron amenazadas por los altos funcionarios de la procuraduría cuando se atrasaban en el pago del 20% del peaje acordado.

 

Estas empresas eran seleccionadas para realizar los trabajos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario desde antes que se realizaran los concursos de licitación que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

 

El ingeniero admitió que recibió una comisión de casi 1.5 millones de pesos de la constructora Marizán por haberla incluido en la mencionada mafia. De la constructora Remix recibió 2 millones de pesos y una factura por valor de 3.7 millones de pesos y de la constructora Pablo Yarull recibió 2 millones de pesos y otro cheque valorado por 4 millones de pesos.

 

También, este ingeniero reveló que hizo trabajos a Jean Alain Rodríguez en una villa de Casa de Campo en La Romana en el 2020, con una estimación de entre 100 y 200 mil dólares. Esta villa recientemente fue allanada por miembros de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

 

Casasnovas dijo que siempre dinero en efectivo por parte de Jonathan Rodríguez, por lo que en un momento expresó inconformidad y se realizó un contrato con una empresa que aparentemente no se relacionaba con el exprocurador

 

Recibió 12.5 millones de pesos, la mayoría en efectivo a nombre de Jonathan Rodríguez, quien figura en el expediente Medusa.

 

Al preguntársele por qué firmó un contrato con la empresa Jonathan Inc si el cliente final era Rodríguez, el ingeniero respondió que esa operación se realizó de esa manera para proteger la imagen del exprocurador.

 

La noche de sábado, el Ministerio Público depositó formal acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y decenas de imputados en el caso Medusa, por presunta corrupción administrativa durante la gestión del exfuncionario (2016-2020).

 

Un equipo de fiscales, encabezados por Luisa Liranzo, hizo la entrega formal del documento que avala la acusación contra Rodríguez, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde junio del año pasado.

 

El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

 

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

 

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

 

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

 

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

 

El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

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