PEPCA investiga a Dekolor por presuntas irregularidades en contratos que superarían los RD$936 millones

Santo Domingo. – El expediente del Ministerio Público en la denominada Operación Camaleón imputa a la empresa Dekolor S.R.L. como una de las piezas centrales de un supuesto entramado de corrupción que habría operado dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Dekolor, fundada en 2002 como una imprenta comercial, habría cambiado su objeto social y estructura para asumir contratos millonarios en el área de licencias de conducir, pese a no tener experiencia técnica ni habilitación en el sector transporte.

Las autoridades sostienen que la compañía fue controlada indirectamente por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), a través de la sociedad OML Inversiones S.R.L., y que esa relación le permitió beneficiarse de concesiones y adendas irregulares firmadas entre 2020 y 2024.

En enero de 2020, el INTRANT suscribió con Dekolor el contrato DJ-CSB-001-2020 para la “instalación y operación del sistema integral de emisión de licencias de conducir”.

Ese acuerdo, según la acusación, habría otorgado a la empresa el control total del sistema de licencias, incluyendo cobros, equipos, software y mantenimiento.

Posteriormente, en mayo de 2021, bajo la gestión del entonces director Rafael Ernesto Arias Ramírez, se firmó una primera adenda que amplió los alcances del contrato e incorporó servicios médicos y evaluaciones psicofísicas para conductores, pese a que la empresa no contaba con habilitación sanitaria.

La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud (DHSES) certificó en 2025 que no existen registros de centros denominados CEMECO ni licencias autorizadas a Dekolor para ofrecer ese tipo de servicios.

Según la PEPCA, esta adenda permitió cobrar RD$1,000 por examen médico, generando ingresos superiores a RD$200 millones sin fiscalización del Ministerio de Salud Pública ni de la Contraloría General.

En paralelo, el expediente sostiene que José Ángel Gómez Canaán promovió la inclusión de la empresa PagoRD Xchange S.R.L. también bajo su control, según la acusación, como procesadora de los pagos generados por las licencias.

Este convenio permitió que ambas compañías compartieran el control financiero de los ingresos derivados del contrato.

“Dekolor y PagoRD Xchange actuaron en coordinación para retener y desviar fondos públicos bajo el amparo de contratos administrativos”, sostiene la acusación.

El Ministerio Público asegura que esta estructura financiera generó beneficios personales y empresariales no justificados y que las transacciones entre ambas compañías fueron “determinantes en el circuito de lavado de activos investigado”.

Durante la gestión de Hugo Marino Beras Goico Ramírez al frente del INTRANT, en enero de 2023 se firmó una segunda adenda al contrato con Dekolor.

El documento incrementó los valores de todos los servicios en un 17.83%, bajo el argumento de una “inflación acumulada”, la cual, según la PEPCA, fue “calculada de forma errónea y manipulada para justificar un aumento injustificado”.

El Ministerio Público indica que el servicio de examen psicofísico, originalmente tarifado en RD$1,000, fue elevado hasta RD$1,522.43, lo que representó un aumento del 52.24% sobre el valor original.

Esa modificación, según la acusación, careció de sustento técnico, económico o administrativo, y no fue aprobada por el Consejo Directivo del INTRANT.

“El aumento de precios tuvo como efecto inmediato un beneficio económico para Dekolor y PagoRD Xchange, empresas bajo control común”, afirma el Ministerio Público en el documento acusatorio.

La tercera adenda y el reconocimiento de una deuda millonaria

Ya en julio de 2024, durante la dirección interina de Randolfo Rijo Gómez, se firmó una tercera adenda que reconocía como válidas las dos anteriores y extendía la vigencia del contrato base.

Esta última modificación incluyó una proyección de deuda por RD$936,325,024.99, monto calculado sin respaldo contable y basado, según la acusación, en “estimaciones de facturación futura”, lo que habría generado un perjuicio económico directo al Estado.

Las observaciones de la Contraloría General de la República indicaban que solo el contrato original estaba debidamente registrado, mientras las adendas anteriores nunca fueron reportadas, lo que habría permitido la continuidad de pagos sin supervisión.

El Ministerio Público considera que el conjunto de adendas y modificaciones configuró un patrón de manipulación contractual y sobrevaloración que permitió a los imputados apropiarse de fondos públicos y encubrir operaciones financieras irregulares.

“Dekolor fue el instrumento mediante el cual se articularon contratos inflados, adendas fraudulentas y cobros indebidos a los usuarios del sistema de licencias”, sostiene el documento de acusación.

La PEPCA imputa a los involucrados los delitos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsedad ideológica, desfalco y lavado de activos, en violación de las leyes 340-06 sobre Compras y Contrataciones, 155-17 sobre Lavado de Activos y 10-07 de Control Interno.