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Santo Domingo. — El Banco Agrícola de la República Dominicana presenta un cuadro crítico que raya en el colapso institucional. Bajo la gestión de su administrador, Fernando Durán, la entidad opera en números rojos, enfrenta graves dificultades para cobrar préstamos irregulares, mantiene una mora maquillada y exhibe una cartera crediticia cada vez más deteriorada.

A pesar de esta realidad alarmante, la administración del banco ha decidido que su prioridad no sea rescatar la institución ni corregir el desorden financiero y administrativo, sino destinar RD$475 millones de pesos a una licitación dirigida a un solo suplidor, amparada bajo el rótulo conveniente de “ciberseguridad”.

La interrogante es inevitable y contundente:

¿Cómo se justifica blindar los sistemas tecnológicos cuando el banco se desangra por dentro?

Cuando una entidad financiera del Estado pierde el control de su cartera, tolera irregularidades en la colocación de créditos y oculta la verdadera dimensión de la mora, no enfrenta un problema tecnológico. Enfrenta una crisis profunda de integridad, gerencia y transparencia.

Invertir casi quinientos millones de pesos en firewalls, antivirus y plataformas digitales no resolverá una administración que no cobra, no fiscaliza, no audita con rigor y no rinde cuentas claras a la sociedad dominicana. La llamada ciberseguridad no puede convertirse en una cortina de humo para tapar una mala gestión ni en un traje a la medida para procesos de contratación altamente cuestionables.

El mensaje al presidente Luis Abinader es directo y sin rodeos:

el problema del Banco Agrícola no está en los servidores ni en los hackers.

Está en lo humano, administrativo y ético, marcado por ineficiencia, ineptitud e incapacidad.

Estas distorsiones no se corrigen con software ni con licitaciones millonarias. Se corrigen con voluntad política, supervisión real, transparencia absoluta y consecuencias claras para quienes han puesto en riesgo una institución clave para el desarrollo del sector agropecuario nacional.

Porque cuando una institución está en rojo por dentro, ningún blindaje digital puede evitar su descrédito público.

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