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Santo Domingo. — La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este martes que el Ministerio Público no retirará la acusación penal contra los hermanos Espaillat, imputados en el caso del desplome del edificio Jet Set, pese a que estos hayan resarcido al 70 % de las víctimas afectadas.

Reynoso enfatizó que el resarcimiento de daños es de carácter civil y no puede, bajo ninguna circunstancia, eximir de responsabilidad penal a los acusados, quienes enfrentan cargos por violaciones a la ley que, según el Ministerio Público, derivaron en la tragedia que costó vidas y dejó múltiples heridos.

“El resarcimiento ni debe, ni puede, bajo ninguna circunstancia, eximir de la responsabilidad penal”, subrayó la procuradora durante su comparecencia ante los medios, al ser consultada sobre la posibilidad de que la restitución económica a las víctimas pudiera influir en la continuidad del proceso judicial.

Reynoso fue enfática al asegurar que el Ministerio Público mantendrá su posición y no retirará la acusación contra los hermanos Espaillat, al considerar que existe prueba más que suficiente para demostrarse que los imputados infringieron normas penales relacionadas con la construcción y seguridad estructural del edificio Jet Set.

“El Ministerio Público bajo ninguna circunstancia va a retirar la acusación”, añadió la procuradora, quien insistió en que el caso no sólo representa una cuestión compensatoria sino un asunto de cumplimiento de la ley y de justicia para las víctimas.

El caso del edificio Jet Set, situado en una zona residencial de alta densidad, conmocionó a la sociedad dominicana tras el colapso de la estructura y el saldo de muertos y heridos que dejó este suceso. Desde el inicio de las investigaciones, las autoridades han señalado posibles irregularidades en la construcción, supervisión y mantenimiento de la edificación.

Según la Procuraduría, además de las responsabilidades civiles que se desprenden de los resarcimientos, los hechos investigados podrían constituir delitos contra la seguridad de obras públicas y violaciones a los deberes de los administradores de bienes, entre otros.

La decisión de Reynoso pone fin a cualquier expectativa de que la compensación parcial de las víctimas pudiera influir en la continuidad de las acciones penales, marcando una postura firme del Ministerio Público en casos de gravedad social y humana.

El proceso continuará su curso ante los tribunales correspondientes, donde se espera que las partes presenten sus argumentos y pruebas conforme al debido proceso, mientras familiares de las víctimas y sectores sociales observan de cerca el desarrollo del expediente judicial.

 

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