En la República Dominicana, la historia de la minería no se escribe con desarrollo, ni con progreso, ni con bienestar social. Se escribe con desigualdad, abandono y saqueo. Es una herida abierta que sangra en silencio mientras unos pocos celebran ganancias millonarias y comunidades enteras sobreviven en la miseria.
Porque aquí hay que decirlo sin miedo: la minería, tal como se ha manejado en este país, ha sido un negocio redondo… pero no para el pueblo dominicano.
El caso de Cotuí es el retrato más crudo de esta realidad. Una tierra rica en oro, pero pobre en oportunidades. Una provincia donde se extraen millones en recursos naturales, mientras sus habitantes siguen enfrentando precariedades básicas, contaminación ambiental y promesas incumplidas. Y en el centro de esta polémica, la poderosa Barrick Gold, señalada por muchos como símbolo de un modelo extractivo que prioriza la rentabilidad por encima de la dignidad humana.
¿Cómo se explica que una provincia que produce riqueza a escala internacional viva sumergida en la pobreza?
¿Cómo se justifica que el oro salga en toneladas mientras el desarrollo nunca llega?
La respuesta es incómoda, pero evidente: aquí se ha permitido un modelo donde el Estado negocia mal, donde los beneficios no se redistribuyen de manera justa y donde las comunidades quedan relegadas a ser simples espectadoras del saqueo de sus propios recursos.
No es solo un tema económico. Es un tema de soberanía. Es un tema de justicia social. Es un tema de dignidad nacional.
Las minas no solo remueven tierra… también remueven vidas. Desplazan comunidades, afectan fuentes de agua, transforman ecosistemas y dejan cicatrices que duran generaciones. Y mientras tanto, el discurso oficial sigue vendiendo “inversión” y “progreso”, como si los números macroeconómicos pudieran tapar la realidad que se vive en el terreno.
El pueblo dominicano no puede seguir siendo un convidado de piedra en su propia casa. No puede seguir permitiendo que sus riquezas naturales sean explotadas sin que eso se traduzca en calidad de vida, educación, salud e infraestructura para quienes más lo necesitan.
Este no es un llamado al rechazo ciego de la minería. Es un grito por una minería justa, transparente, responsable y verdaderamente beneficiosa para el país. Una minería donde el oro no valga más que la vida. Donde el desarrollo no sea un discurso, sino una realidad palpable.
Porque si el oro sale… pero la pobreza se queda, entonces no estamos hablando de desarrollo.
Estamos hablando, sin rodeos, de un atraco disfrazado de inversión.
Y ese atraco, el pueblo dominicano ya no lo debería seguir tolerando.
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