¡Municiones en manos de pandillas haitianas: el Gobierno debe explicar y actuar!

Por: Ismael Reyes Cruz

El Gobierno dominicano tiene la obligación de explicar al país cómo municiones identificadas con marcas del Ejército de República Dominicana y otras vinculadas a existencias de la Policía Nacional terminaron en poder de pandillas haitianas, según los hallazgos del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas. Estamos ante un asunto que compromete la seguridad nacional, la custodia de los recursos públicos y la credibilidad de nuestras instituciones. La sociedad merece respuestas verificables y consecuencias para quienes resulten responsables.

Los datos divulgados son suficientemente graves: de una muestra de 89 cartuchos calibre 5.56 milímetros recuperados de la banda 400 Mawozo, 25 llevaban las siglas del Ejército dominicano y otros 16 presentaban marcas compatibles con municiones vinculadas a existencias policiales. Las autoridades dominicanas informaron a los expertos que las municiones identificadas con las siglas ERD habían sido adquiridas en 2022 a un fabricante colombiano. Estas cifras corresponden a una muestra concreta; no permiten afirmar qué proporción de toda la munición utilizada por las pandillas procede de nuestro país. Pero bastan para exigir una explicación rigurosa.

¿Cómo llegaron esos cartuchos a manos criminales? ¿Quién debía custodiarlos? ¿Qué controles fallaron? ¿Hubo sustracción, venta clandestina, intermediarios o protección desde alguna dependencia pública? Esas preguntas deben contestarse con inventarios, registros de entrega, auditorías y expedientes. Cada lote identificado exige reconstruir su recorrido y determinar dónde se perdió el control.

El Ministerio de Defensa ha comunicado que mantiene abiertas las investigaciones y que coopera con la Cancillería. Corresponde reconocer ese anuncio, pero también exigir resultados. Decir que se investiga es apenas el comienzo de la respuesta que necesita la nación. El Gobierno debe informar qué hechos ha esclarecido, cuáles permanecen pendientes y qué medidas concretas ha adoptado para impedir nuevos desvíos.

También debe aclarar por separado los distintos hallazgos. Sobre determinadas municiones antiguas calibre .50, el propio informe reconoce que no ha podido establecer con precisión su cadena de custodia y señala antecedentes de exportaciones al mercado civil estadounidense. Esa incertidumbre debe despejarse. Precisamente por eso, las autoridades tienen que explicar cada caso con sus pruebas, distinguiendo el material antiguo de las municiones asociadas a adquisiciones recientes.

Es por ello que exigimos una investigación profunda del Ministerio Público, acompañada de auditorías independientes sobre los depósitos y los mecanismos de distribución de municiones. Deben examinarse las responsabilidades individuales, las posibles redes de comercialización y cualquier encubrimiento. Si las pruebas comprometen a militares, policías, comerciantes, intermediarios o funcionarios, todos deben responder ante la justicia, sin privilegios de rango ni protección política.

Quien desvíe municiones hacia organizaciones criminales contribuye a sostener su capacidad de matar, secuestrar y aterrorizar. Si se demuestra que material confiado a instituciones dominicanas fue vendido a esas estructuras, corresponderán las sanciones penales y administrativas aplicables, mediante procesos firmes y respetuosos del debido proceso. La gravedad del caso exige pruebas sólidas y castigos efectivos.

El presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, debe encabezar una respuesta institucional que ofrezca certezas. Defender nuestra soberanía también implica garantizar que los arsenales del Estado estén bajo control y que nadie pueda lucrarse abasteciendo la violencia que amenaza a la propia República Dominicana.

El pueblo dominicano merece saber qué ocurrió, quiénes participaron y cómo serán sancionados los responsables.

La seguridad nacional exige verdad, control y justicia, y sanciones drásticas contra los responsables.