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Sosúa, Puerto Plata. – Según nuestra fuente, el señor Devree Antoine Hollis, propietario del reconocido establecimiento Rumba Bar, salió del país tras firmar una supuesta “invitación voluntaria”, en un hecho que ha generado alarma entre residentes e inversionistas de este turístico municipio, por tratarse de una práctica que —según diversas fuentes— se ha repetido en gobiernos anteriores con empresarios extranjeros que posteriormente no pueden regresar al país.

De acuerdo con las informaciones obtenidas por nuestro periódico, a Hollis “le pusieron un bobo”, haciéndole creer que podría regresar sin inconvenientes después de su salida. Sin embargo, experiencias similares en el pasado revelan que a otros empresarios en su misma situación nunca se les permitió volver a República Dominicana.

📍 Antecedentes recientes

La noche del jueves pasado, Hollis —originario de Bermuda— habría tenido un incidente con miembros de la Policía Nacional frente a su negocio, ubicado en la calle Pedro Clisante, sector El Batey.

Testigos afirman que el empresario reaccionó ante la presencia constante de dos agentes policiales apostados en la entrada del bar, alegando que esa actitud autoritaria estaba espantando a los clientes.

Al no obtener respuesta favorable para que se retiraran, Hollis tomó una manguera desde el interior del local y roció agua a los agentes, lo que provocó su arresto inmediato.

La mañana siguiente fue trasladado a Santo Domingo, lo que levantó especulaciones sobre una posible deportación. Mientras algunos aseguran que fue deportado, otras fuentes cercanas al empresario afirman que efectivamente fue trasladado, pero desconocen los motivos ni confirman que haya sido deportado.

📝 Patrón repetido

No es la primera vez que inversionistas extranjeros denuncian presiones para firmar “invitaciones voluntarias” bajo la promesa de que podrán volver días después. Sin embargo, una vez fuera del territorio dominicano, les resulta imposible reingresar, afectando así la inversión turística y la seguridad jurídica de la zona.

La comunidad de Sosúa se mantiene atenta al desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente delicado para otros empresarios extranjeros radicados en el país.

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