Revelan que Miky López y su hijo José Miguel López Pilarte fueron favorecidos con eliminación antecedentes en red Gavilán

Santo Domingo.- Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López, y su hijo, actual regidor (PRM-Ayuntamiento de La Vega), José Miguel López Pilarte, están entre las más de 16 mil 958 personas con antecedentes penales beneficiadas por la red desmantelada mediante la Operación Gavilán y que acusa a empleados del Ministerio Público de recibir dinero a cambio de borrar fichas e impedimentos de salida.

 

De acuerdo a un informe del Ministerio Público, al que N Digital tuvo acceso en exclusiva, el esposo e hijo de la actual diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, “pudieron imprimir su certificación de no antecedentes como si no tuviesen procesos activos, a pesar de tener los casos complejos registrados con fichas activas en el Sistema de Investigación Criminal”.

 

En el caso de Miky López, tiene procesos activos registrados por la Fiscalía de La Vega de fechas 31 de agosto de 2021, 16 de septiembre de 2021 y 29 julio de 2020, así como otros procesos activos en la Fiscalía de Santiago. Sin embargo, pudo imprimir dos certificaciones de no antecedentes penales el 20 de abril de 2022 y el 15 de noviembre de 2021.

 

Micky López niega que tenga estos antecedentes en la Justicia.

 

Mientras, su hijo, José Miguel López Pilarte, tiene procesos activos registrados por la Fiscalía de La Vega de fechas 3 de septiembre de 2021, 16 de septiembre de 2021 y 29 de julio de 2020. Sin embargo, pudo imprimir cinco certificaciones de no antecedentes penales de fechas 14 de junio de 2023, 21 de abril de 2023, 8 de diciembre de 2022, 20 de julio de 2022 y 18 de mayo de 2021.

 

Se recuerda que tanto Miky López como su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte, y sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL e Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, están acusados de lavado de activos y narcotráfico.

 

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, todas estas empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.

 

Por su participación en esta red, permanece prófugo el socio de Miky López, el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.

 

Respecto a la diputada, el expediente depositado por el Ministerio Público el pasado 31 de julio, establece que movilizó la extraordinaria suma de 4,418 millones 399 mil 312 pesos, que no tienen explicación razonable, incluyendo una simulación de inscripción de hipoteca definitiva por un crédito a la sociedad Pollos Veganos, C. x A., por  dos millones de dólares, 7 certificados financieros registrados solo entre 2008 y 2017 por más de 13 millones de pesos y  más de mil transacciones en efectivo por montos millonarios entre los años 2006 y 2017.

 

Además, solo en una cuenta abierta en agosto de 2011 y cerrada en mayo de 2014 fueron colocados más de 319 millones de pesos.  En otra cuenta abierta en julio de 1998 y cerrada en diciembre de 2009, fueron colocados en efectivo más de 2,049 millones de pesos.  Otras evidencias del gran movimiento de dinero se reflejan en depósitos de más de 767 millones de pesos a favor de la diputada Rosa Amalia Pilarte.

 

De acuerdo al Ministerio Público, utilizaban la tradicional práctica de usar a familiares como testaferros, incluyendo la acusada Francia Pilarte, hermana de la diputada, quien facilitó el ocultamiento de vehículos, como una Range Rover ocupada bajo allanamiento en junio de 2020 en la casa de la diputada.  Sin embargo, en la DGII, la legisladora solo había registrado a su nombre una yipeta Mercedes Benz valorada en más de 10 millones de pesos y una Chevrolet Tahoe cuyo valor supera los 4 millones de pesos. En ese sentido se compraron múltiples inmuebles a partir de 2005 que posteriormente, en una simulación típica de lavado de activos, fueron transferidos a Inversiones Inmobiliarias Cutupú SRL, donde uno de los accionistas mayoritarios, era Manuel Antonio Inoa Valdez, cuñado de la diputada.