Secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo Hotoniel Bonilla plantea posponer la aplicación del nuevo Código Penal para revisar artículos cuestionados

Santo Domingo.- El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, respaldó la propuesta de diversos sectores de extender el período de entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que algunas de sus disposiciones contradicen criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) y la jurisprudencia sobre la libertad de expresión.

Bonilla sostuvo que la legislación incorpora normas que, a su juicio, podrían afectar el derecho de los ciudadanos a denunciar actuaciones de funcionarios públicos.

“El Código contradice los criterios fijados por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia sobre la libertad de expresión, especialmente cuando se refiere a denunciar el accionar de los funcionarios públicos”, expresó.

El jurista advirtió que ciertas disposiciones podrían utilizarse como mecanismos de control político y social mediante la amenaza de acciones penales, por lo que consideró necesario someter la normativa a una revisión integral con la participación de expertos y distintos sectores de la sociedad.

Según explicó, durante el proceso de aprobación fueron incorporadas nuevas figuras penales que, en su opinión, representan riesgos para las garantías constitucionales, el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la convivencia democrática.

Bonilla recordó que la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, tiene previsto entrar en vigor el 3 de agosto de 2026.

Asimismo, indicó que la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también ha solicitado al Poder Ejecutivo ampliar el período de vacatio legis, al entender que persisten inquietudes planteadas por representantes de la comunidad jurídica, académica, de los medios de comunicación y del sistema de justicia.

El exfuncionario del Ministerio Público señaló además que las disposiciones relacionadas con los delitos contra el honor podrían constituir una amenaza para la libertad de opinión y la libre expresión del pensamiento.

Finalmente, afirmó que atender estas observaciones contribuiría a preservar el clima democrático y evitar que la legislación sea utilizada con fines distintos a los previstos por la Constitución.