Sectores advierten riesgos sociales tras reactivación del plan de regularización de bancas de apuestas en RD por posible aumento del juego y la ludopatía

SANTO DOMINGO, RD.- El Decreto 197-26, que reactiva el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, apuestas y otros juegos de azar en el país, ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad dominicana, ante la posibilidad de que más de 100 mil establecimientos que operan de manera ilegal puedan formalizar sus operaciones.

La disposición del Gobierno abre la puerta a que bancas no reguladas entren al sistema legal, lo que, según representantes del sector, podría tener efectos negativos si no se aplican controles estrictos.

Diversas voces advierten que la legalización masiva en este momento podría resultar perjudicial para la República Dominicana, al tiempo que señalan que la medida podría incentivar la expansión de los juegos de azar y aumentar su alcance entre la población.

El Decreto 197-26 abre las puertas a las bancas de lotería que funcionan de forma ilegal para que puedan regularizarse.

Sectores sociales también han manifestado su inquietud, al considerar que esta iniciativa podría fomentar que personas de distintas edades se inclinen hacia el juego, incrementando los riesgos asociados al vicio y sus consecuencias sociales.

El plan se ejecutará tomando en cuenta las solicitudes pendientes tras el vencimiento de los plazos en 2022. Sin embargo, el empresario Ramón Álvarez calificó la medida como “un traje a la medida” para beneficiar a personas con poder vinculadas al sector.

Durante un recorrido por sectores del Gran Santo Domingo, se constató que en muchos casos no se cumple con la distancia mínima de 200 metros establecida para la operación de bancas, especialmente en zonas cercanas a centros educativos, hospitales, iglesias e instituciones públicas.

Ante este panorama, los consultados exhortaron al Gobierno a evaluar con mayor profundidad el impacto social y económico de la medida, así como a reforzar los mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.