Suegro de presidente de AFP Popular pide llevar a juicio a hermanos Espaillat por homicidio voluntario

Santo Domingo.- Los abogados de Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de la fallecida Jhoanna Rodríguez de Grullón, solicitaron formalmente al tribunal la emisión de un auto de apertura a juicio en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, escenario de un colapso estructural que dejó varias víctimas mortales y ha generado un amplio debate sobre responsabilidades penales.

Rodríguez de Grullón, quien era esposa de Eduardo Grullón —presidente de AFP Popular y también fallecido en el trágico suceso— figura entre las víctimas directas del incidente, cuyo impacto ha sido significativo tanto a nivel social como mediático.

La solicitud fue presentada por los juristas Juan Tomás Vargas de Camps y Adis Tapia, quienes actúan en representación de Rodríguez Martínez. Durante la audiencia, los abogados pidieron al juez Raymundo Mejía que envíe a juicio de fondo a los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat.

Los representantes legales de la familia sostienen que existen elementos suficientes para que el caso sea conocido en un juicio penal bajo la calificación de homicidio voluntario. En ese sentido, presentaron una acusación particular en la que elevan la tipificación jurídica de los hechos a homicidio voluntario bajo la modalidad de dolo eventual, figura que implica que los imputados habrían tenido conocimiento del riesgo que representaban las condiciones del establecimiento, pero aun así permitieron su funcionamiento.

Según la argumentación de la defensa, esta calificación responde a la gravedad de los hechos y a la presunta conducta negligente con conocimiento previo del peligro, lo que, a su juicio, configura una responsabilidad penal más severa que otras tipificaciones posibles.

El caso ha despertado atención pública debido al perfil de las víctimas y a las circunstancias en que ocurrió el colapso de la discoteca Jet Set, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del local y los mecanismos de supervisión existentes.

De su lado, el tribunal deberá analizar los argumentos presentados por la parte querellante y determinar si procede acoger la solicitud de apertura a juicio. De ser así, el proceso avanzaría a una etapa en la que se debatirán de fondo las pruebas y responsabilidades en torno al suceso.

Mientras tanto, familiares de las víctimas mantienen su exigencia de justicia, insistiendo en que se esclarezcan los hechos y se establezcan las sanciones correspondientes contra quienes resulten responsables de la tragedia.