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Santo Domingo.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch,  apoderaron este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) del expediente sobre presuntas irregularidades en la compra de más de RD$11 mil millones de hormigón asfáltico caliente en el Ministerio de Obras Públicas.

 

“Dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo”, expresaron Carlos Pimentel y Milagros Ortiz Bosch,  al depositar ante la Procuraduría el expediente.

 

En ese orden, los funcionarios del gobierno solicitan a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar las investigaciones de lugar con relación a las irregularidades en la contratación de unos 11,500 millones de pesos.

 

Además, afirmaron que tomando en cuenta que el exministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la administración pública, la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa, sino actuar según lo establecido en el artículo 169 de la Constitución, que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

 

Asimismo, Ortiz Bosch y Pimentel se reunieron con Germán Brito, donde le expresaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones del Estado.

 

Tanto Pimentel como Ortiz Bosch coincidieron en que el informe sobre el caso que emitió el exdirector de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la investigación, no es sostenible, tras analizar los documentos depositados en esa dirección de ética.

 

La Dirección de Contrataciones Pública ha podido contactar, de acuerdo a su titular, que las irregularidades de procedimiento de excepción realizado por el Ministerio de Obras Públicas coinciden en gran parte con la denuncia realizada por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación “El Informe” difundido el año pasado.

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