Santo Domingo. – Las familias que habitan en el complejo habitacional Invivienda y sectores aledaños, en el municipio Santo Domingo Este, hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader para que agilice la entrega de los títulos de propiedad definitivos, ya que aseguran estar recibiendo notificaciones de desalojo pese a haber vivido en esos inmuebles durante más de 40 años.
En declaraciones ofrecidas en un video, Santiago Mercedes Castillo, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Invivienda, reconoció los avances realizados por la actual gestión gubernamental en la comunidad.
«El presidente ha hecho una gran labor: recuperó el proyecto que estaba abandonado por años, solucionó el problema del sistema cloacal, remozó la pintura y concluyó los apartamentos que estaban a medio construir», expresó.
No obstante, advirtió sobre la situación que enfrentan cientos de familias de la zona.
«Aquí hay mucha gente que ya pagó su apartamento completo y todavía no tiene su título. El trámite es tan complicado que parece que hay que hacer un posgrado para lograrlo. Señor presidente, los títulos que faltan son los de nosotros», manifestó.
El dirigente comunitario explicó que la solicitud abarca a los residentes de los sectores Trinitario Segundo, Las Esperanzas, Respaldo Villa Carmen y demás comunidades aledañas de Invivienda.
«Estamos en una desesperación total. Ya han llegado notificaciones firmadas por el abogado del Estado ordenando el desalojo de varias personas, y sabemos que el presidente puede evitar esta injusticia», afirmó.
Castillo reconoció que el Gobierno ha avanzado en la entrega de certificados de propiedad a través de la Dirección General de Titulación y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), pero pidió que las familias de Invivienda sean incluidas con carácter prioritario, ya que llevan décadas residiendo en el lugar y cumplieron con el pago de sus viviendas.
Los moradores esperan que el mandatario disponga la agilización de los expedientes pendientes para evitar que cientos de familias pierdan el patrimonio que, según afirman, han pagado y protegido durante más de cuatro décadas.

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