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Santo Domingo. – El empresario Ulises Francisco Ramírez, uno de los testigos del Ministerio Público en el caso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, expresó que, bajo la gestión de este último, lo que ocurría en ese organismo era algo “descarado”.

 

Asimismo, Ramírez quien es propietario de la empresa Smart Display que ganó varias licitaciones en el Sistema Penitenciario, dijo que empezó a grabar las conversaciones con el personal de la procuraduría porque habían bandas internas bajo la gestión de Jean Alain que se disputaban el dinero.

 

“En el expediente está a quien se le debía entregar el dinero. Yo grabé conversaciones porque era algo descarado, además había mala fe, eso era bandas, grupos internos que se disputaban el dinero, y cuando tú tienes enemigos entre ellos tú no sabes qué hacer, eso era lo que pasaba ahí adentro, cómo se puede confiar en algo así”, indicó Ramírez en un audio.

 

Reconoció que ganó varias licitaciones durante la era de Jean Alain Rodríguez al frente del Ministerio Público, pero aseguró que todas fueron limpias y que es una “víctima” del entramado denominado como Medusa.

 

Indicó que todavía la Procuraduría General de la República le debe dinero por la colocación de unas 6,500 camas en el sistema penitenciario, pero que no le interesa porque es una “pesadilla”.

 

“Yo gané procesos limpios. Licitamos 6,500 camas para el sistema penitenciario, gracias a Dios yo pude entregar. Yo soy testigo, no me van a someter porque yo soy una víctima, yo no pagué, yo no extorsioné. Me deben entre 14 y 18 millones, pero no me interesa eso, eso es una pesadilla”, indicó Ramírez al ser entrevistado en CDN.

 

Esta semana, el Ministerio Público dominicano presentó una acusación formal contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.

 

En el expediente de la llamada “Operación Medusa” figuran 41 personas y 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos, dijo a la prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

 

La supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según la acusación.

 

“Hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana y les puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región”, aseguró Camacho.

 

Se trata, agregó, “de nuestra acusación más grande”, que tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas.

 

Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, por cometer crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

 

Por el caso cumplen prisión preventiva el exprocurador Rodríguez y tres exaltos cargos de su gestión, mientras que otros tres están bajo arresto domiciliario.

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