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A partir de hoy la tarifa eléctrica vuelve a aumentar en un 9 % para clientes residenciales que consumen hasta 300 kilovatios y de 7.6 % para pequeños comercios, con lo cual el Gobierno continúa con el desmonte gradual y trimestral para eliminar totalmente el subsidio eléctrico en 2026.

 

Ese incremento es mucho mayor para clientes residenciales y comerciales que consumen por encima de 300 Kwh, lo que supone también una presión adicional a los asfixiantes niveles de inflación, más aún porque los cuatro reajustes aplicados hasta ahora coinciden con bruscos aumentos de precios del petróleo y otros combustibles.

 

El más reciente cálculo sobre costos de commodities correspondiente a febrero–mayo indica que el carbón, que representa el 30 % de la generación eléctrica, experimentó un alza de 139.61 dólares a US$297.14 y el fuel oíl, que abarca el 12 %, de 63.06 a 95 dólares.

 

La Superintendencia de Electricidad sostuvo que el aumento aplicado debió ser mayor (14 %) si se toma en cuenta el nivel de alzas de precios del carbón y derivados del petróleo, por lo cual el Gobierno subsidiará con $2,426.73 millones para no aplicar el ajuste que debió establecerse, por lo que no se sabe si reír o llorar.

 

En lo relativo al desmonte de las transferencias desde el Gobierno al sector generador, el Pacto Eléctrico se aplica cual ordenanza bíblica, pero no así con la promesa de disminuir los apagones, los cuales se intentan justificar con la cantaleta de que se carece de suficiente reserva de energía fría.

 

Tampoco se cumple el compromiso de reducir las millonarias pérdidas operativas en que incurren las distribuidoras de electricidad, cuyos ejecutivos ya deberían cesar el tipo de justificación basado en comparación con gestiones pasadas.

 

Hay razones valederas para que los intervinientes en el sector eléctrico revisen los términos de ese pacto, mediante el cual solo se carga a la población de un reajuste de la tarifa, sin que se sepa de algún tutelaje efectivo sobre garantía de que algún día se estabilizará el mercado mediante el equilibrio entre oferta y demanda.

No se niega la necesidad de desmontar el subsidio al subsector eléctrico, que ha sumado en el último decenio más de diez mil millones de dólares, pero también debería advertirse que esos aumentos de tarifa y apagones podrían electrocutar a la gobernanza.

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