Tribunal otorga cuatro meses adicionales al Ministerio Público para concluir investigación del caso Senasa; Hazim pide prisión domiciliaria

Santo Domingo.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó un plazo de cuatro meses al Ministerio Público para que concluya la investigación y presente acusación en el caso de corrupción administrativa del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El juez Deybi Timoteo Peguero explicó que el tribunal estaba apoderado de una solicitud de prórroga dentro de la fase preparatoria del proceso y recordó que el Código Procesal Penal permite, por una única ocasión, extender el plazo de investigación cuando se cumplen las condiciones establecidas en la normativa.

Recordó que el proceso inició el 11 de diciembre de 2025, cuando fueron impuestas las medidas de coerción y se declaró la complejidad del caso.

Indicó que, debido a esa declaratoria de complejidad, el plazo del procedimiento preparatorio fue extendido conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, por lo que vencía el 11 de agosto de este año, fecha en la que el Ministerio Público presentó formalmente la solicitud de prórroga.

Durante la audiencia, la defensa del exdirector del Senasa, Santiago Hazim pidió al Tribunal la variación de medidas de coerción de prisión carcelaria por prisión domiciliaria.

En el expediente figuran como imputados el exdirector del Senasa, Santiago Hazim; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ada Ledesma; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros.

El Ministerio Público acusa al grupo de presuntamente defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que, según investigaciones posteriores, habría superado los 19,000 millones de pesos.

De acuerdo con el órgano acusador, la supuesta estructura habría operado entre 2020 y 2025 y habría afectado el sistema público de riesgos de salud.

A los imputados se les atribuyen, de manera provisional, los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.