Asunción, Paraguay.– Una ola de protestas y momentos de tensión sacudió el centro de Asunción, donde cientos de ciudadanos se movilizaron para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir responsabilidades políticas tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

Las manifestaciones, desarrolladas durante los días 3 y 4 de noviembre, reunieron a ahorristas, jubilados, trabajadores y otros sectores afectados por la imposibilidad de acceder a sus fondos depositados en la entidad financiera.

Durante las jornadas, los manifestantes exigieron respuestas al Gobierno del presidente Santiago Peña y reclamaron también la destitución del mandatario y del vicepresidente Pedro Alliana. En distintos puntos de la capital se registraron enfrentamientos, empujones y tensiones con efectivos de la Policía Nacional, que desplegaron operativos para controlar las movilizaciones.

La intervención de Ueno Bank desató la crisis

El conflicto se originó después de que el Banco Central del Paraguay iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido por las regulaciones financieras.

La decisión dejó a aproximadamente 2.94 millones de clientes sin acceso inmediato a sus fondos y provocó preocupación entre personas que dependen de esos recursos para cubrir sus gastos, recibir salarios y administrar sus ahorros.

El organismo regulador sostuvo que la medida busca proteger los depósitos y preservar la estabilidad del sistema financiero paraguayo.

Oposición impulsa juicio político

La crisis financiera también se trasladó al escenario político. Legisladores de oposición y sectores disidentes presentaron una solicitud de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana, alegando presuntas responsabilidades en la situación que afecta a los depositantes.

Este jueves 5 de noviembre, el Congreso paraguayo inició el debate sobre el pedido de juicio político contra el presidente, en medio de un clima de incertidumbre y nuevas convocatorias a manifestaciones.

La situación ha colocado al Gobierno bajo una fuerte presión política y social, mientras miles de ciudadanos esperan soluciones concretas para recuperar sus recursos.